La Asamblea General de Estudiantes como, máximo órgano de decisión
de la Universidad de Antioquia, durante más de cuatro décadas ha
estado a la cabeza de los movimientos sociales que han enarbolado las
banderas de una educación pública, de calidad con miras a la
investigación y financiada por el Estado. Los estudiantes de hoy nos
beneficiamos de luchas pasadas mediante las cuales se conquistaron
derechos que en este momento consideramos inherentes a la condición.
Desde hace unas décadas hemos visto cómo, paulatinamente, el Estado
colombiano ha reglamentado políticas que van en contra de lo
público, como la Ley 30 de 1992, que ha generado una crisis
económica en las Universidades Públicas del país. Los estudiantes
hemos presenciado cómo estas reformas pretenden hacerse a espaldas
de la comunidad afectada y expresamos nuestro desacuerdo. Un ejemplo
de esto fueron las movilizaciones masivas en contra del Proyecto de
Ley 112 de 2011.
Estos escenarios nacionales tienen su equivalente en lo local y es
así como la administración de la Universidad de Antioquia ha
realizado reformas al Reglamento Estudiantil de pregrado sin
consultarlo con los mismos estudiantes. Esto nos ha llevado a
construir un Pliego de doce puntos en el que, entre otras cosas, se
demanda la derogación de varios Acuerdos Superiores que han
modificado este reglamento y que se han hecho a espaldas de toda la
comunidad universitaria.
A su vez, incluimos entre las exigencias la extensión de la exención
de matrícula a los estudiantes de estrato tres, la creación de un
restaurante estudiantil y el respeto por iniciativas estudiantiles
como la huerta ubicada en la Ciudadela Robledo. Todas nuestras
exigencias están respaldadas por un estudio tanto político como
económico, realizado en diversos espacios y grupos de estudio acerca
de cada uno de los puntos que repercuten en el bienestar de los
estudiantes.
La Asamblea General de Estudiantes ha dado una muestra concreta de la
disposición que tenemos al diálogo, creando un Comité de
Delegados, dado que el rector Alberto Uribe Correa, en ocasiones
anteriores, había mostrado reticencia a dialogar con toda la
Asamblea. Aun así, después de radicado el Pliego, no hemos recibido
ninguna respuesta por parte del Consejo Superior Universitario, del
Comité Rectoral ni del Consejo Académico. Esto nos lleva a
preguntarnos si en realidad existe una voluntad política de diálogo
por parte de los directivos de nuestra Alma Mater.
Finalmente, aunque ésta es una lucha local, también somos
partícipes de la lucha nacional por el pago de los 11.3 billones de
pesos que el Estado colombiano le adeuda a las universidades públicas
del país.
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