DENUNCIA PÚBLICA GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN DIFERENTES UNIVERSIDADES DEL PAÍS

DENUNCIA PÚBLICA
GRAVE SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN DIFERENTES
UNIVERSIDADES DEL PAÍS

Mostramos nuestra preocupación e indignación ante los hechos que han acontecido durante este último mes de noviembre de 2012 en varias universidades del país, en desarrollo del control social y territorial que ejercen los paramilitares; además, frente a la pasividad mostrada por el Estado para salvaguardar los intereses de la comunidad docente y estudiantil en general.

Resulta preocupante el cobro de extorsiones por parte de “Los Urabeños” a los establecimientos comerciales de la Universidad de Antioquia. A estos establecimientos se les exige una suma de dinero, que de no ser pagada en la fecha estimada por ellos, serán declarados objetivo militar.

También, alrededor de nueve profesores de la Universidad del Magdalena, ubicada en la ciudad de Santa Marta, han sido amenazados y avisados sobre el riesgo que corren su vidas por medio de mensajes intimidatorios, y a título propio, con la intención de atentar contra sus vidas si no abandonan de inmediato sus labores dentro de la universidad.

Igualmente rechazamos las amenazas dirigidas hacia los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, Renán Vega Cantor y Adolfo León Atehortúa Cruz, quienes han cumplido un papel fundamental en la vida académica nacional y en la construcción de pensamiento critico.

El objetivo de las labores de intimidación de estas estructuras paramilitares, es iniciar el control social y territorial en las universidades y ciudades amenazadas, para generar un ambiente de terror y zozobra dentro de la comunidad académica en general.

A continuación mencionamos algunos de los hechos sufridos por los miembros de las universidades mencionadas:

• El martes 20 de noviembre, en el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, el decano de la Facultad de Humanidades, profesor Adolfo Atehortúa Cruz, hizo pública una amenaza contra su vida de la cual fue objeto en días pasados. Esta amenaza se la adjudican, supuestamente, las “Águilas Negras”, tal como ocurrió con el profesor Renán Vega, Vicepresidente de ASPU- UPN, en los últimos días del mes de junio. Sumadas a estas situaciones se han llevado a cabo una serie de incursiones ilegales en las viviendas de algunos profesores, ocurridas en el mes de octubre, con el propósito de obtener información e intimidar la actividad docente y sindical.

• Asimismo, el Miércoles 21 de noviembre hacia las 11:30 a.m, se conoció un panfleto pegado en los postes de la Universidad de Antioquia en el cual se cobraba un “impuesto de guerra” a los dueños de los establecimientos comerciales ubicados al interior de dicha universidad, por parte de la Junta Militar Central de Los Urabeños, donde afirmaban que esta organización criminal empezó a ejercer control dentro de esta zona de la ciudad de Medellín, y en caso de no pagar serían convertidos en objetivo militar.

• Por otro lado, el martes 27 de noviembre en horas de la noche, se conocieron amenazas de muerte, dirigidas hacia nueve profesores de planta de la Universidad del Magdalena, exigiendo su retiro de la planta educativa, bajo la amenaza de cegar sus vidas.

Denunciamos que a pesar de las aparentes desmovilizaciones de los grupos paramilitares, éstos siguen vigentes en las mismas zonas que históricamente han sido de su influencia -hoy con la denominación de BACRIM-, a pesar del permanente rechazo y denuncia de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Igualmente denunciamos su accionar al interior de las universidades, ya que esto desemboca en graves violaciones a los Derechos Fundamentales, además del temor generado a la población por sus actuaciones en otros escenarios urbanos, como en la ciudades de Bogotá, Medellín y Santa Marta.

Además, evidenciamos la ausencia de medidas concretas y eficaces de respuesta inmediata ante las operaciones paramilitares, por parte del ejecutivo.

Por todo esto,

Exigimos al Gobierno colombiano, a través de la Agencia presidencial por los derechos humanos, acciones inmediatas con respecto a los hechos aquí denunciados.

Solicitamos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia, a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de la Protección Social, a la Procuraduría y a la Defensoría del pueblo, garantizar los derechos fundamentales a los miembros de la comunidad educativa nacional y, particularmente, a los de las universidades del país.

Solicitamos al Estado colombiano brindar protección y garantías de seguridad a toda la comunidad docente amenazada, para poder vivir y trabajar en paz.

Con copia a:
Presidente de la República
Fiscalía General de la Nación
Defensor del Pueblo
Procurador General de la Nación
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario.

Atentamente
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS - MESA AMPLIA NACIONAL
ESTUDIANTIL
EQUIPO DE COMUNICACIONES - MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL

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