Señor(a) ciudadano(a):
¿Sabe en qué consisten las protestas estudiantiles de los últimos días?
¿Considera usted que las marchas y los pronunciamientos de los estudiantes son
injustificados? ¿Sabe usted qué es la reforma a la Ley 30 de 1992?
Las siguientes líneas tratarán de explicar de forma sencilla la
propuesta del Ministerio de Educación para reformar la Ley 30 de 1992, exponer
el contexto en el que surge y decir por qué no solo los estudiantes, sino toda
la ciudadanía deben decir NO A LA REFORMA.
Antes de hablar de la reforma es preciso explicar bajo qué contexto se
presenta. En Colombia y el mundo se ha propagado en las últimas décadas un
fenómeno económico llamado "neoliberalismo", que es una versión
perversa de principios básicos del liberalismo como la propiedad privada y el
libre comercio.
En otros tiempos, el poder político de Europa era ostentado por la
realeza y los comerciantes de la época sólo se podían limitar a las pequeñas
ganancias que sus negocios les pudieran brindar; estos, cansados de que siempre
fuera la corona quien tuviera el poder sobre las riquezas, las tierras, los
alimentos y toda la economía en general, decidieron rebelarse para imponer un
nuevo estado de cosas basado en la democracia y no en una monarquía. Fue de esta
manera como surgió en el siglo XVIII la Revolución Francesa. Gracias a esta
revolución se implementó un nuevo orden político y fue así como surgió el
Estado Moderno. De esta manera, el libre comercio se mostró como el mecanismo
que regularía las relaciones entre los pequeños comerciantes: el panadero, el
carnicero, el zapatero intercambiarían sus bienes, y una “mano invisible” sería
la encargada de regular la economía a fin de que todos tuvieran un mismo
estatus social. A todo este proceso fue a lo que se le denominó
"liberalismo".
No obstante, la “mano invisible” nunca existió, y unos negocios
resultaron ser más lucrativos que otros, de tal suerte que se creó una brecha
entre ricos y pobres que día a día se pronuncia más y más.
El neoliberalismo es, pues, la misma ideología del liberalismo pero
llevada al extremo, a tal punto de poner los derechos comerciales por encima de
los derechos civiles. Es decir, para el neoliberalismo es más importante que su
negocio sea rentable a que toda una población se quede sin salud o sin
educación. En la etapa neoliberal, el logro de los primeros comerciantes
liberales de la Revolución Francesa es replanteado: ya no se habla de una
economía al servicio del Estado sino de un Estado al servicio de la economía.
Cada vez más, a los países del Primer Mundo les interesa crecer más
económicamente al costo que sea. Por este motivo lo que antes era un derecho se
convierte ahora en un servicio. La diferencia entre derecho y servicio es
clara: no es lo mismo hablar de un paciente o de un estudiante que hablar de un
cliente. El cliente paga por un servicio que espera; un paciente o un
estudiante, en cambio, reciben una salud o una educación a la cual tienen
derecho por ser parte de un Estado y por pagarle impuestos al mismo.
La educación no puede ser un negocio, la educación es un derecho. Lo que
el proyecto de reforma a la Ley 30 del Ministerio de Educación propone es que
las universidades públicas crezcan en cobertura un 40%, pero sólo pretenden
aumentar la financiación en un 14%; es decir, la educación pública crecería en
cobertura y decaería enormemente en calidad. Para que haya un incremento real
en la calidad de la educación pública conforme al incremento de cobertura
propuesto del 40% sería necesario que los dineros destinados a las
universidades públicas crecieran también en la misma cifra. Con un crecimiento
del 14% sería imposible mantener funcionando laboratorios, salas de cómputo,
bibliotecas, zonas comunes de las universidades, hacer nuevos bloques para
acomodar a la cantidad de alumnos que llegarían y contratar profesores de
planta, y habría que seguir llenando las universidades de profesores de cátedra
(sólo en la Universidad de Antioquia el 73% de los profesores son de cátedra;
es decir, profesores que ganan alrededor de $12.000 la hora sin ningún tipo de
prestación social).
Ante este evidente déficit, el Gobierno propone que sean las empresas
privadas las que aporten dineros a las universidades Públicas; pero esto, más
que ser una solución al conflicto es un problema aún mayor. Recordemos el
espíritu neoliberal de las empresas de hoy. ¿Verdaderamente cree usted que una
empresa privada va a meter su dinero en una universidad pública sin esperar un
beneficio a cambio? Lo que en realidad harían las empresas privadas sería hacer
un préstamo a los estudiantes para que estos puedan estudiar, y al final de sus
carreras cada empresa sería autónoma para decidir cómo cobrarles el préstamo:
como dice una de las consignas del movimiento estudiantil chileno, son 5 años
estudiando y 15 pagando. ¿Pero por qué habría de cobrársele a los estudiantes
por estudiar en la universidad pública? ¿No se supone que para eso son nuestros
impuestos, SUS IMPUESTOS? Pero si todos seguimos pagando los mismos impuestos y
el Estado ya se va a ahorrar la plata de la universidad, y ya se está ahorrando
también la plata de la salud (Ley 100 y ley 1438), entonces ¿Qué se hace la
plata?
¡Señor ciudadano, esta reforma no afecta sólo a los estudiantes, lo
afecta a usted, a sus impuestos, a su universidad, pues la universidad pública
también es suya, es de la ciudadanía, es de sus hijos, y así debe permanecer!
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