jueves, 3 de noviembre de 2011

REFORMA A LA LEY 30: MOVIMIENTO Y RESONANCIAS


Por Jaime Rafael Nieto López
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia

El Gobierno Nacional no se lo esperaba. Creía que con hacer una simulación de consulta y uno que otro retoque a los dos proyectos iniciales de reforma a la ley de educación superior bastaba para legitimar ante los universitarios y la opinión pública el trámite legislativo de la Ley 112. Sin embargo, no ha sido así. Desde mucho antes de que instaurara el proyecto de reforma a la educación superior en la Comisión Sexta del Congreso de la República las universidades públicas del país se habían convertido en un hervidero de discusiones y controversias. Cuando anunció la presentación de la mencionada ley el revuelo fue total. De inmediato se armaron entre los universitarios los foros de discusión, las reuniones y las manifestaciones de protesta. Contra la presunción prepotente del Gobierno del supuesto desconocimiento de la ley por parte de los universitarios, a estudiantes, profesores y rectores no les ha sido difícil mostrar los alcances regresivos del proyecto de reforma, que en vez de enmendar las deficiencias de la Ley 30 lo que hace es empeorarlas.

En foros públicos, asambleas, escritos y múltiples reuniones, estudiantes y profesores, y también los rectores, han subrayado, entre otros aspectos, el carácter privatizador de la reforma, el boquete que se abre para el “ánimo de lucro” en la figura de las “universidades mixtas”, la falacia del crédito educativo y la focalización de subsidios en los más pobres a cambio del compromiso político real que el Gobierno debe asumir con la financiación adecuada de la universidad pública tal como lo consagra la Constitución Política, todo lo cual contradice el propósito aparente de ampliación de cobertura y garantía de calidad formulados por el Proyecto de Ley 112; así mismo, se ha subrayado el afán fiscalista y vigilantista del proyecto de reforma, que coarta la autonomía universitaria y viola el derecho de los universitarios a darse su propio gobierno; esto, sin mencionar el menoscabo de los principios y fines propiamente educativos, culturales, humanistas y científicos que deben estar en la base de cualquier proyecto de universidad pública democrática y moderna, a cambio de lo cual la mencionada reforma en su más clara inspiración mercantilista consagra el principio de las competencias como fundamento y finalidad de la educación universitaria. Nadie podrá negar que la universidad pública se ha convertido rápidamente en un vigoroso y creativo espacio público, de reflexión y deliberación razonada, que, al decir de Hanna Arendt, sólo surge al compartir palabras y actos. Hasta ahora no ha dejado de decirse, ni nadie ha dejado de decir, todo lo que las circunstancias y la situación han requerido que sea dicho.

Primero los rectores, y ahora estudiantes y profesores, son los que llevan la iniciativa en el debate argumentado. Ni el gobierno ni los medios podrán seguir preguntando cínicamente qué quieren. Con la crítica y las protestas también se han ido desgranando las propuestas. Por el momento, la exigencia es radical pero igualmente democrática: que el gobierno retire el proyecto de reforma del trámite en el Congreso. Mientras tanto, se escuchan planteamientos alternativos de lo que podría ser una nueva ley que recoja el sentir y el clamor universitario. La lección política que están dando los universitarios al Gobierno y al país es inequívoca: sin legitimidad democrática ninguna ley ni mandato debe ser obedecida. En parte, está en curso esa universidad incondicional que evocaba Derrida, una que “precisa no sólo un principio de resistencia sino una fuerza de resistencia o de disidencia”, una en la que se erija “esa libertad que uno se toma de decirlo todo en el espacio público… como lugar de resistencia irredenta e incluso, analógicamente, como una especie de principio de desobediencia civil”.

Pensamiento y acción van pues de la mano en este corto proceso de movilización y reflexión universitario. Proceso que anuncia desde ya la apertura de un nuevo y vigoroso ciclo en la universidad pública colombiana. No será imperturbable, por supuesto. En las últimas semanas, los rectores han bajado el perfil de la crítica, pese a lo cual será indispensable su compañía. En el corto plazo, no es descartable el apretujón del Gobierno en la dirección de presionar la cancelación de semestre, la militarización de las universidades o el cierre de las mismas. Mientras tanto, los universitarios estarán abocados a encarar varios desafíos. Uno de ellos consiste en vigorizar aún más el espacio público universitario, articulando más estrechamente la reflexión y la acción entre los diferentes estamentos, especialmente con una más decidida participación del profesorado y los empleados no docentes. Sin embargo, uno de los desafíos más estratégicos y azarosos consiste en la manera de ampliar el espacio público universitario hacia la ciudadanía, en la dirección de convertir el problema de la educación superior pública en un problema nacional, en un problema de país y no sólo de universitarios. Sin duda, ese es un desafío difícil del cual tendrán que aprender de los jóvenes estudiantes chilenos y españoles.

En el corto y mediano plazo, el movimiento universitario deberá encarar dos desafíos estratégicos ineludibles. Por un lado, está el desafío de cómo traducir su protesta y su crítica al Proyecto de Ley 112 en un proyecto coherente y estructurado de lo que debería ser la universidad pública colombiana, en el que, como se dijo antes, recoja el sentir y el clamor universitario. El proceso de reflexión y deliberación argumentada desarrollado hasta ahora es un acumulado importante en esa dirección. Si los “sabios” del país pueden participar en él, sería muy positivo. Pero en sentido estricto no es necesario el concurso de todos ni esperar una docena de meses para madurar un buen proyecto, el cual debido a la naturaleza de la materia de la que se ocupa no dejará de ser siempre una ley inconclusa, inacabada y abierta, ni conviene tampoco disipar la oportunidad política que se ha abierto a raíz del debate universitario al proyecto de reforma del Gobierno. El espacio público universitario que se ha abierto es vigoroso no sólo por su capacidad de implicación y resonancia sino también por la profundidad de sus reflexiones y argumentos.

Por otro lado, está el desafío de cómo traducir esta “potencia en movimiento” en poder; esto es, en voluntad colectiva general. Esta es la importancia y el valor de la propuesta de constituyente universitaria que desde diferentes voces se ha planteado y la Asamblea General de Profesores ha acogido. No hay que buscar sus fundamentos en el orden constitucional y legal vigente; aunque, sin duda, algunos de sus intersticios ayudan. Como diría Negri, es suficiente con que se convoque el constituyente no sólo como fuente productora de la norma sino también como sujeto de producción de la misma. Tampoco tiene que dirimirse desde ya su viabilidad jurídica respecto del poder constituido, tal como otras voces han objetado, y que se anuncia desde ya bastante azaroso. Habrá tiempo y llegará el momento para establecer qué tan razonable es el H. Congreso de la República. El criterio no puede radicar en lo que los poderes constituidos toleren, sino en lo que el poder de esta fuerza de resistencia pueda. Sólo la lucha decide. Por ahora sería suficiente con que ese espacio público deliberativo y soberano tome forma y fuerza, que se abra espacio y perviva.

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