Por Jaime Rafael Nieto López
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia
El Gobierno Nacional no se lo esperaba. Creía que con hacer una
simulación de consulta y uno que otro retoque a los dos proyectos iniciales de
reforma a la ley de educación superior bastaba para legitimar ante los
universitarios y la opinión pública el trámite legislativo de la Ley 112. Sin
embargo, no ha sido así. Desde mucho antes de que instaurara el proyecto de
reforma a la educación superior en la Comisión Sexta del Congreso de la
República las universidades públicas del país se habían convertido en un
hervidero de discusiones y controversias. Cuando anunció la presentación de la
mencionada ley el revuelo fue total. De inmediato se armaron entre los
universitarios los foros de discusión, las reuniones y las manifestaciones de
protesta. Contra la presunción prepotente del Gobierno del supuesto
desconocimiento de la ley por parte de los universitarios, a estudiantes,
profesores y rectores no les ha sido difícil mostrar los alcances regresivos
del proyecto de reforma, que en vez de enmendar las deficiencias de la Ley 30
lo que hace es empeorarlas.
En foros públicos, asambleas, escritos y múltiples reuniones,
estudiantes y profesores, y también los rectores, han subrayado, entre otros
aspectos, el carácter privatizador de la reforma, el boquete que se abre para
el “ánimo de lucro” en la figura de las “universidades mixtas”, la falacia del
crédito educativo y la focalización de subsidios en los más pobres a cambio del
compromiso político real que el Gobierno debe asumir con la financiación
adecuada de la universidad pública tal como lo consagra la Constitución
Política, todo lo cual contradice el propósito aparente de ampliación de
cobertura y garantía de calidad formulados por el Proyecto de Ley 112; así
mismo, se ha subrayado el afán fiscalista y vigilantista del proyecto de
reforma, que coarta la autonomía universitaria y viola el derecho de los
universitarios a darse su propio gobierno; esto, sin mencionar el menoscabo de
los principios y fines propiamente educativos, culturales, humanistas y
científicos que deben estar en la base de cualquier proyecto de universidad
pública democrática y moderna, a cambio de lo cual la mencionada reforma en su
más clara inspiración mercantilista consagra el principio de las competencias
como fundamento y finalidad de la educación universitaria. Nadie podrá negar
que la universidad pública se ha convertido rápidamente en un vigoroso y
creativo espacio público, de reflexión y deliberación razonada, que, al decir
de Hanna Arendt, sólo surge al compartir palabras y actos. Hasta ahora no ha
dejado de decirse, ni nadie ha dejado de decir, todo lo que las circunstancias
y la situación han requerido que sea dicho.
Primero los rectores, y ahora estudiantes y profesores, son los que
llevan la iniciativa en el debate argumentado. Ni el gobierno ni los medios
podrán seguir preguntando cínicamente qué quieren. Con la crítica y las
protestas también se han ido desgranando las propuestas. Por el momento, la
exigencia es radical pero igualmente democrática: que el gobierno retire el
proyecto de reforma del trámite en el Congreso. Mientras tanto, se escuchan planteamientos
alternativos de lo que podría ser una nueva ley que recoja el sentir y el
clamor universitario. La lección política que están dando los universitarios al
Gobierno y al país es inequívoca: sin legitimidad democrática ninguna ley ni
mandato debe ser obedecida. En parte, está en curso esa universidad
incondicional que evocaba Derrida, una que “precisa no sólo un principio de
resistencia sino una fuerza de resistencia o de disidencia”, una en la que se
erija “esa libertad que uno se toma de decirlo todo en el espacio público… como
lugar de resistencia irredenta e incluso, analógicamente, como una especie de
principio de desobediencia civil”.
Pensamiento y acción van pues de la mano en este corto proceso de
movilización y reflexión universitario. Proceso que anuncia desde ya la
apertura de un nuevo y vigoroso ciclo en la universidad pública colombiana. No
será imperturbable, por supuesto. En las últimas semanas, los rectores han
bajado el perfil de la crítica, pese a lo cual será indispensable su compañía.
En el corto plazo, no es descartable el apretujón del Gobierno en la dirección
de presionar la cancelación de semestre, la militarización de las universidades
o el cierre de las mismas. Mientras tanto, los universitarios estarán abocados
a encarar varios desafíos. Uno de ellos consiste en vigorizar aún más el
espacio público universitario, articulando más estrechamente la reflexión y la
acción entre los diferentes estamentos, especialmente con una más decidida
participación del profesorado y los empleados no docentes. Sin embargo, uno de
los desafíos más estratégicos y azarosos consiste en la manera de ampliar el
espacio público universitario hacia la ciudadanía, en la dirección de convertir
el problema de la educación superior pública en un problema nacional, en un
problema de país y no sólo de universitarios. Sin duda, ese es un desafío
difícil del cual tendrán que aprender de los jóvenes estudiantes chilenos y
españoles.
En el corto y mediano plazo, el movimiento universitario deberá encarar
dos desafíos estratégicos ineludibles. Por un lado, está el desafío de cómo
traducir su protesta y su crítica al Proyecto de Ley 112 en un proyecto
coherente y estructurado de lo que debería ser la universidad pública
colombiana, en el que, como se dijo antes, recoja el sentir y el clamor
universitario. El proceso de reflexión y deliberación argumentada desarrollado
hasta ahora es un acumulado importante en esa dirección. Si los “sabios” del
país pueden participar en él, sería muy positivo. Pero en sentido estricto no
es necesario el concurso de todos ni esperar una docena de meses para madurar
un buen proyecto, el cual debido a la naturaleza de la materia de la que se
ocupa no dejará de ser siempre una ley inconclusa, inacabada y abierta, ni
conviene tampoco disipar la oportunidad política que se ha abierto a raíz del
debate universitario al proyecto de reforma del Gobierno. El espacio público
universitario que se ha abierto es vigoroso no sólo por su capacidad de
implicación y resonancia sino también por la profundidad de sus reflexiones y
argumentos.
Por otro lado, está el desafío de cómo traducir esta “potencia en
movimiento” en poder; esto es, en voluntad colectiva general. Esta es la
importancia y el valor de la propuesta de constituyente universitaria que desde
diferentes voces se ha planteado y la Asamblea General de Profesores ha
acogido. No hay que buscar sus fundamentos en el orden constitucional y legal
vigente; aunque, sin duda, algunos de sus intersticios ayudan. Como diría
Negri, es suficiente con que se convoque el constituyente no sólo como fuente
productora de la norma sino también como sujeto de producción de la misma.
Tampoco tiene que dirimirse desde ya su viabilidad jurídica respecto del poder
constituido, tal como otras voces han objetado, y que se anuncia desde ya
bastante azaroso. Habrá tiempo y llegará el momento para establecer qué tan
razonable es el H. Congreso de la República. El criterio no puede radicar en lo
que los poderes constituidos toleren, sino en lo que el poder de esta fuerza de
resistencia pueda. Sólo la lucha decide. Por ahora sería suficiente con que ese
espacio público deliberativo y soberano tome forma y fuerza, que se abra
espacio y perviva.
0 Comments:
Publicar un comentario